SEMANA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

DERECHOS PARA TODAS Y TODOS. POR DIGNIDAD

Diversas entidades han organizado la Semana de las Personas Sin Hogar. Desde el sector de Intervención Social de CCOO tenemos nuestra propia visión de la situación en la que se encuentran tanto las personas sin hogar como las personas que día a día trabajamos para tratar de revertir esta realidad.

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Las Personas Sin Hogar tienen derechos.

Derechos que no siempre son respetados. De hecho, el propio sinhogarismo supone una vulneración del artículo 47 de la Constitución Española (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”) y del artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”).

La red municipal de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid adolece de múltiples carencias, entre las que destacan:

  • El número de plazas en los albergues es manifiestamente insuficiente, por lo que muchas personas se ven obligadas a vivir y dormir en la calle. Sólo cuando las condiciones climáticas son extremas (por ejemplo durante la campaña de frío, que dura entre finales noviembre y marzo, aproximadamente), se garantizan plazas para que todo el mundo pueda pernoctar y evitar así muertes. ¿Por qué no se mantiene de manera similar   durante todo el año? Además, desde primera hora de la mañana y hasta la noche muchas personas no tienen dónde ir, obligados a pasar todo el día en la calle. Esta falta de plazas conlleva, además, que no siempre la persona sea derivada al centro más adecuado a sus circunstancias y necesidades, sino al recurso con plazas disponibles.  
  • Asimismo,  debido al modelo de intervención en escalera, en determinados centros de acogida las personas usuarias se ven obligadas a dormir en butacones (con los perniciosos efectos para la salud que dormir continuamente en una butaca conlleva, especialmente para personas con problemas sanitarios, como problemas osteomusculares, de circulación, etc).
  • Los recursos no se adaptan a las personas, sino que éstas deben adaptarse a los recursos existentes, convirtiéndose determinados centros de acogida en auténticos cajones de sastre, donde las parejas, no digamos las familias, apenas tienen cabida (sin entrar a valorar el veto a las mascotas), donde conviven personas con problemas y perfiles muy diferentes entre sí, donde se acentúan más ciertas patologías asociadas al sinhogarismo

En definitiva, una red que parece diseñada para invisibilizar el problema del sinhogarismo y garantizar que el dinero público fluya hacia las empresas y entidades del “Tercer Sector”, y que como efecto colateral atiende asistencialmente a las personas en situación de calle.

Esta realidad no es nueva, es la consecuencia de una mala política implantada hace muchos, mucho años.  Es  necesario revisar el modelo de intervención de una red manifiestamente asistencialista, muy cercana a la caridad que pensábamos desterrada de nuestras instituciones. Y es necesario que lo afronten gobiernos que compartan otra forma de entender las instituciones, los derechos de la ciudadanía y los servicios sociales.

Profesionales de los Servicios Sociales, también sin derechos

Las condiciones laborales de quienes trabajamos con las personas sin hogar son muy precarias (el sector de la Intervención Social está por encima de la media en temporalidad y parcialidad en la contratación, y el sueldo medio en servicios sociales es un 28% inferior al sueldo medio en el estado español). De hecho, año y medio después de la publicación en BOE del primer Convenio Estatal de Acción e Intervención Social (tras cuarenta años de democracia sin convenio, lo que dice mucho de quién controla y cómo se gestionan servicios sociales externalizados), un grueso de las empresas y entidades del sector, se disfracen de ONG o no, siguen negándose a aplicarlo, o lo aplican parcial,  irregular y/o torticeramente en detrimento de las condiciones salariales y laborales, atendiendo a sus propios intereses. Esta situación necesariamente devalúa, junto a la falta general de medios y las deficientes infraestructuras de muchos recursos, la calidad del servicio prestado. Resulta muy difícil garantizar los derechos de las personas con las que trabajamos cuando ni siquiera podemos garantizar que se respetan nuestros propios derechos. Empresas como Asispa, Grupo 5, Fundación Rais, Fundación Tomillo,  Aebia, LaKoma,  Asociación Dual Cauces, SPS… siguen manejando múltiples presupuestos públicos mientras ignoran los derechos laborales de sus profesionales.

Las personas no somos mercancía. ¡Fuera empresas de los Servicios Sociales!

Ante la situación descrita, apelamos al gobierno municipal de Ahora Madrid, y en especial al Área dirigida por Marta Higueras (delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo), para que garantice una atención respetuosa y de calidad al colectivo de personas sin hogar y apueste sin vacilaciones por unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y trabajadores de sus Servicios Sociales.  Desde CCOO consideramos que la manera de garantizar una atención de calidad, responsable, a la par que unas condiciones laborales aceptables, es sacando a las empresas de la ecuación. Si el Ayuntamiento pone los medios económicos, y las diferentes plantillas somos quienes sacamos el trabajo adelante, ¿qué pintan las empresas?, ¿cuál es su valor añadido?.  Defendemos la gestión directa de todos los recursos públicos, y pedimos a Ahora Madrid que para cumplir su promesa electoral establezca ya una hoja de ruta para la remunicipalización de los servicios públicos.

No es una tarea sencilla, pero hay que abordarla con empuje y determinación, y en este proceso, ahondar también en la mejora de los pliegos de condiciones de las licitaciones – aún falta mucho por hacer- con la incorporación de cláusulas sociales, el reconocimiento del convenio de acción e intervención social, con una adecuada dotación presupuestaria y de plantilla… y también vigilando su cumplimiento. Desde CCOO no nos cansamos de recordar que el garante de su cumplimiento, es su propio creador, el Ayuntamiento, y debiendo contar con las propias trabajadoras y trabajadores, y sus representantes,  para la supervisión y control de estos servicios, y no solo con las empresas/entidades que los gestionan, que constituyen  una parte muy  interesada en conservar su gestión y esta manera de abordar los servicios sociales.

Porque queremos que el sistema de servicios sociales esté en consonancia con la nueva nomenclatura “Derechos Sociales” rubricada por el Ayuntamiento de Madrid.